Según el portavoz de la Plataforma Ciudadana de las Tierras del Sénia, Evelio Monfort, el coste del fracasado proyecto de gas submarino superará los 5.000 millones, siendo su coste inicial estimado en 500 millones, a pagar con fondos públicos.
El proyecto del Pozo Castor fue aprobado por el expresidente Rodríguez Zapatero como depósito estratégico de gas natural frente a las costas de Tarragona y Castellón. El proyecto era propiedad de la empresa Escal UGS participada mayoritariamente por ACS. El proyecto comenzó sus operaciones en 2012, siendo abandonado en 2014 porque las obras de perforación del lecho marino provocaron más de mil seísmos en las costas de Castellón y Tarragona. Actualmente hay denuncias por el colectivo de afectados reclamando indemnizaciones por angustia estrés y sufrimiento padecidos, derivados de la sucesión de terremotos.
Con irregularidades desde el proncipio del proyecto, en febrero de 2010, la Plataforma de Defensa de les Terres del Sénia, denunció ante la Comisión Europea la vulneración de la legislación comunitaria tratando de evadir los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, solicitando la paralización del proyecto. La ocultación y rapidez, en momentos de déficit, del pago de 1350 millones, a la Empresa ACS por el gobierno de Rajoy, incrementados en 295 millones en 2015, han suscitado numerosas controversias. Plataformas vecinales y organizaciones como Greenpeace han declarado que no se entiende el pago de indemnizaciones a una empresa privada, a costa del contribuyente, ante un caso manifiesto de negligencia por la propia adjudicataria, debatiéndose en el Congreso medidas que nunca serán tomadas.
14/5/2016 - M.F.P.
Fuentes: Elpais.com, greenpeace.org.
